Rubén Pérez, máximo titular del Comité Provincial de Seguridad Deportiva de la provincia de Buenos Aires, irá a Juicio Oral por el delito de “Encubrimiento agravado”, luego que la Cámara de Apelaciones resolviera dejar sin efecto el sobreseimiento que la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, dispusiera hace meses sobre la figura del funcionario provincial. La denuncia que lo involucra fue realizada por “Salvemos al Fútbol”, luego de los incidentes sucedidos en el partido entre Estudiantes y Nacional de Montevideo, el 25 de junio de 2009 en La Plata.
Esa jornada, Sergio “El Uruguayo” Chans, fue baleado dentro de una de las tribunas del Estado Único de La Plata, por integrantes de la barra brava de Estudiantes de La Plata.
Tras la denuncia de SAF, las investigaciones señalaron a Osvaldo Domínguez, un efectivo policial a cargo del operativo, de ser quien “liberó” zonas para que los agresores accedieran hasta el lugar en el que se hallaba Chans, que portaba una bandera de Peñarol, equipo antagónico a Nacional.
Una semana después, Domínguez fue nombrado dentro del organismo que comanda Rubén Pérez, en una clara maniobra tendiente a protegerlo.
Se revela la trama
El fiscal en cuyas manos transcurrió el tramo más álgido de la investigación, Jorge Paolini, fue a fondo. Y así logró evidencias que indicaron que dentro del Co.Pro.Se.De, se falsearon documentos que tuvieron –según lo ratificó la Cámara ahora- la clara intención de “confundir” la investigación.
En la causa, dentro de la que hay cerca de una decena de procesados, se dispuso tipificar la conducta del máximo responsable del Co.Pro.Se.De en la figura del “encubrimiento”, agravado además, por su condición de funcionario público.
Un funcionario que debió, para abundar, garantizar los controles necesarios en materia de seguridad deportiva.
Garmendia le dio oxigeno
Pérez intentó defenderse, pero sus argumentos no conformaron a Paolini, que dispuso procesarlo. Fue la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, quien dio oxigeno a la situación de Pérez, al que la administración Scioli sostiene en una situación imposible de explicar.
Durante junio, las autoridades de SAF, se entrevistaron con el segundo del ministro Ricardo Casal, el abogado Guido Lorenzino, quien aseguró por entonces que la situación del funcionario “sería revisada.”
Los hechos mostraron que nada se hizo en ese sentido, ya que Pérez, aún hoy ya confirmado su procesamiento, sigue en funciones.
La Cámara fue lapidaria
Paolini apeló la decisión de la magistrada. Tras varios meses, el pasado 18 de octubre, se firmó una resolución de revocatoria que lleva las firmas de los camaristas Sergio Almeida, Laura Lasaga y Ricardo Szelagowski.
En su dictámen, la Cámara fue lapidaria con la situación del funcionario. Entre alguno de sus párrafos, dicen los jueces: “La conducta asumida por Pérez luego de los incidentes ocurridos en el Estadio Único de La Plata, el día 25 de junio de 2009, estuvo claramente orientada a encubrir a los empleados del Comité a su cargo.”
“No puede entonces sino sostenerse, que la intención que motivó a Pérez habría estado dirigida a proporcionar información falsa con el objeto de encubrir el delito de al menos un funcionario del CoProSeDe…”
Para la Cámara, no hay dudas de la existencia de elementos que marcan la culpabilidad de aquel a quien la administración sostiene en el máximo lugar de la seguridad deportiva provincial. Una paradoja que si no fuera para llorar, sería para una comedia.
SALVEMOS AL FÚTBOL
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